Pase de manos y de responsabilidades. Así puede definirse a la situación que se vivió ayer, y hoy, en los despachos gubernamentales como consecuencia de la serie de episodios que acontecieron en la previa de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River que no pudo disputarse ayer, y que todavía no tiene certezas de realizarse hoy. Es que desde la Casa Rosada y del Gobierno porteño evitaron hacerse cargo de la situación y se echaron culpas entre ellos.

 
Así lo evidenciaron las primeras respuestas que sostenían que el tercer anillo de la custodia correspondía a la Prefectura Naval, que responde al ministerio de Seguridad de Nación, a cargo de Patricia Bullrich, y no era potestad de la Policía de la Ciudad, que se encuentra dentro de la órbita del ministerio de Justicia y Seguridad porteño, que comanda Martín Ocampo.

La escalada fue tal que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, saldrá a anunciar una serie de medidas contra las barras bravas de los clubes que se encuentran en la Ciudad. De esta forma Cambiemos decidió que la explicación central de lo que aconteció en las adyacencias del estado de River, en donde fue apedreado el colectivo que trasladaba al plantel de Boca, fue una “devolución de gentilizas” por los procedimientos contra los Borrachos del Tablón el viernes.