Vanessa Gómez Cueva es peruana. Tiene 33 años. Vivía en Argentina desde hacía más de quince. Sus hijos nacieron en el país. En 2014 terminó de cumplir una condena por infracción a la ley de drogas. El lunes la policía la subió a la fuerza a un avión para mandarla a su país. Con ella, fue expulsado su hijo lactante de dos años, mientras que quedaron en Lugano sus otros dos hijos, de 5 y 14 años.

Ningún juez hizo un chequeo socioambiental para verificar cómo y con quién quedaban los niños. La decisión de echarla responde a una revisión que decidió hacer el gobierno sobre todos los extranjeros que cometieron algún delito, como base de su campaña. ¿No importa que haya cumplido condena? ¿Y sus hijos argentinos, menores, no le importan a nadie? ¿Cuál es el sentido de estas medidas, así baja el delito?

El viernes último agentes de la Policía Federal aparecieron en la casa de Vanessa y le dijeron que debían llevarla a firmar una notificación. Fue con su hijo de dos años, y los más grandes se quedaron. La mujer terminó detenida en una celda, sin luz ni agua, y de allí al aeropuerto de Ezeiza. Había sido condenada en 2013, en un juicio abreviado, a una pena de cuatro años por comercio de estupefacientes.

Salió en libertad antes, por su buena conducta. Estudió, hizo una tecnicatura en enfermería, y trabajaba. El proceso de expulsión había empezado en 2015. Vanessa hizo múltiples presentaciones con el argumento de que hay gran cantidad de antecedentes donde se prioriza el interés superior del niño. A partir de la campaña del gobierno de Mauricio Macri, con esencia de punitivismo xenófobo, se propicia una interpretación del artículo 70 de la ley de Migraciones, que no pondera derechos en juego.

Desde el mismo viernes, el abogado de Vanessa, Juan Villanueva presentó habeas corpus en el fuero correccional y recursos en el fuero contencioso administrativo. “Hay tres menores argentinos, una familia que fue separada por una disposición administrativa de Migraciones, no se revisaron los derechos de Vanesa y sus hijos, que son chicos escolarizados e insertos en el sistema de salud. No se ponderó su situación de indefensión ni los derechos de ella que es una madre soltera que cumplió una condena. El Estado resuelve que la mejor solución es destruir la familia”, dijo a Página/12.

Finalmente presentó un amparo en los tribunales de menores, que también señala que fueron ignorados derechos del/la migrante y el interés superior del niño, además de insistir en la reunificación. Pero fue resuelto una vez que la expulsión ya había sido concretada. En Migraciones pidieron una revisión. Todo en vano. La nueva tendencia judicial, en función de la presión política que clama por echar extranjeros sin importar las particularidades de cada caso, es hoy la tendencia.