El sujeto de 47 años de edad está imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal con corrupción de menores, exhibición de material pornográfico y lesiones. Más allá de la sanción penal en debate resulta inexplicable cómo no se activó ningún mecanismo de detección estatal – como por ejemplo la escuela – o particular, que evitara el suplicio vivido por los cinco chicos entre 2017 al 2021.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur – integrado por los jueces Maximiliano García Arpón, Alejandro Pagano Zavalía y Rodolfo Bembihy Videla – se encuentra realizando un debate oral y no público para determinar la responsabilidad penal de un hombre de 47 años de edad, acusado de delitos contra la integridad sexual, en perjuicio de cuatro niñas menores de edad y un niño.

El sujeto llega a juicio privado de su libertad por haber sido imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal con corrupción de menores, exhibición de material pornográfico y lesiones leves.

Uno de los hechos distintivos surgidos hasta el momento y en la etapa instructiva es que pese a la multiplicidad de víctimas y el gran tiempo transcurrido en que se ejecutaron los vejámenes, recién se impulsó una denuncia el día 3 de agosto de 2022, siendo en ese momento privado de la libertad el acusado.

Según la descripción del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron en un número indeterminado de oportunidades, en el domicilio del imputado, entre los años 2017 al 2021 aproximadamente en perjuicio de víctimas que tenían 8, 9, 12 y 13 años.

La Dra. Paula Schapochnik, a cargo de la Fiscalía de Género y Violencia Intrafamiliar, solicitó el viernes último al Tribunal que le aplique al encartado una condena de 32 años de prisión, accesorias legales y costas, luego de haber sido escuchados alrededor de 11 testigos y haber analizado un amplio plexo probatorio.

Schapochnik consideró probado que el sujeto enjuiciado es autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido a menores de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente, de modo reiterado en un número indeterminado de oportunidades; exhibición de material pornográfico agravado por ser a menores de 13 años reiterado, todos ello en concurso real entre sí y concurso ideal con corrupción de menores, en perjuicio de cuatro niñas; y por el delito de lesiones simples reiteradas en perjuicio de dos de ellas y exhibición de material pornográfico a menores de 14 años en perjuicio de un niño, todo ello en concurso real.

La fiscal tuvo en cuenta como agravantes la corta edad de las niñas víctimas cuando comenzaron a perpetrarse los abusos, así como haber provocado en ellas un grave daño físico y mental, y la necesidad de tratamiento urgente, teniendo en cuenta su cronicidad, con la existencia inclusive de secuelas físicas. En el mismo sentido se pronunció la parte querellante, ejercida por el abogado Oscar Vidal.

Un aspecto significativo de lo surgido en la primera jornada de debate es la falla de los mecanismos de detección por parte del Estado, por ejemplo la escuela o centros de salud y también los particulares o sociales, como los familiares, vecinos o allegados de la familia, que no pudieron percatarse de lo que estaban sufriendo los menores nada menos que por un lustro. Inclusive la denuncia en sede policial se concretó prácticamente un año después de cesados los abusos, en agosto del 2022.
Increíblemente, el defensor mayor del Distrito Judicial Sur, José María Fernández López, solicitó al Tribunal que al momento de la condena “se tenga en cuenta la situación por la que atravesó el imputado”.

En el día de hoy, lunes 26 de junio, luego de otorgársele al depravado individuo la oportunidad de dirigirse por última vez a los jueces, éstos darán a conocer su veredicto, que de ceñirse al pedido de la Fiscalía, sería una de las sanciones más severas aplicadas por la Justicia fueguina a alguien que atentó contra la integridad sexual de menores, equivalente casi a una prisión perpetua, que es de 35 años.