El primer decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, dando inicio al ejercicio legal 2019, es auspicioso y lleno de voluntarismo. Mauricio Macri declaró, a través del Decreto 1177, a este ejercicio como el “Año de la Exportación” al considerar que “es la vía para la construcción de una economía próspera, dinámica e integrada al mundo”. Se dispuso así que durante todo el año la documentación oficial de la administración pública nacional y los entes autárquicos lleven la leyenda “2019-Año de la Exportación”. Es una forma genuina y positiva para crear conciencia sobre que los únicos dólares sanos que pueden ayudar al país a salir de su crisis son los que se generen por mayores ventas de bienes y servicios locales al exterior.

En la misma edición de ayer se publica otro decreto, el 1201, donde se imponen nuevos derechos de exportación similares a los creados por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en octubre de este año a instancias del FMI, y que gravan las ventas de los privados fuera del país. La excusa fue que la megadevaluación generaba ganancias extraordinarias que debían ser compartidas con el Estado nacional en tiempos, como los actuales, de crisis.

Recaudatoriamente tuvo razón el ministro. Según informó ayer la AFIP, la aplicación de este impuesto, y a sólo cuatro meses de vigencia, hizo subir la recaudación anual en 72% (325% en diciembre) el ítem Derechos de exportación. Sin embargo, para los productores locales y los potenciales inversores internos y externos es, simplemente, una forma más de espantarlos. Por dos motivos: hiere la rentabilidad y ratifica que la Argentina es un país que pena las ganancias hasta el paroxismo sin importar quién gobierne.

La novedad del decreto publicado ayer es el objeto donde recaen las nuevas retenciones 2.0: en el sector servicios. Este incluye, entre otros rubros, el desarrollo de software y tecnología; donde, para los que imaginan el mundo del futuro, está la próxima riqueza de las naciones. Son los sectores donde se desarrolla el mayor bien del mundo moderno: el conocimiento aplicado a la tecnología, lo que, por definición, es intangible, y vinculado al desarrollo de la inteligencia para modificar y darle valor agregado a la economía real. Países como Estados Unidos, Noruega, Holanda, Finlandia, Corea del Sur, Singapur, Israel, Nueva Zelanda y España, consideran desde hace años que deben ser sectores subsidiados al máximo y potenciados en todo lo que se pueda.

En todos esos estados se fomentan laboratorios de inteligencia para multiplicar el conocimiento; para luego exportar servicios generando divisas, que luego aumentan la riqueza de esos estados, generando una brecha más grande aún con los emergentes. Argentina es, casi de casualidad, un país que logró estar, aunque de una manera tenue y austera, presente en este escenario y con consecuencias positivas para el país. Como ejemplo valen los datos del 2018, año de crisis brutal en el país: los servicios de software y tecnología crearon 48% más de puestos de trabajo que el año pasado e incrementaron sus exportaciones en un 90%. El Gobierno decidió ahora castigar ese crecimiento y aplicar un nuevo impuesto a la materia gris. Será de 12% o el tope de 4 pesos por dólar. Lo que rinda más.

Lo que no se tiene en cuenta es la facilidad con que las empresas del sector pueden evitar este impuesto. Se trata de conocimiento. Y el conocimiento puede ser generado en Buenos Aires, o en Montevideo.