Este martes se conoció el borrador del proyecto de ley que presentará el gobierno nacional para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil, con múltiples excepciones a la cárcel.

El mismo contempla la creación que sean tribunales especializados los que se encarguen de definir los procesos penales y el control de la pena para adolescentes entre los 15 y los 18, a partir de un programa de capacitación para el Poder Judicial y de una implementación progresiva.

Aun aprobado, su aplicación no será inmediata. Además, pone como meta que los procesos (que no serán públicos) duren menos de 3 años desde la conformación del expediente judicial, sin contar los recursos extraordinarios. Y conmina a jueces y a fiscales a que den prioridad a estos casos bajo sanción de mal desempeño de sus funciones.

El cuerpo del borrador consta de 16 capítulos, 100 artículos y 1 anexo, donde se detallan las funciones de la “comisión de implementación” que capacitará a los agentes judiciales de todos los estamentos del Poder Judicial y los Ministerios Públicos de todas las jurisdicciones. Incluye “diagnóstico” de los recursos existentes y de un “protocolo de actuación” para que funcione el sistema. También deberá fijar el mecanismo de articulación con los órganos de protección a la niñez.

Una de las novedades del proyecto es los establecimientos donde los adolescentes serán detenidos. Se trata de dependencias “habilitadas y acondicionadas para tal fin, que estarán bajo dirección de personal civil”, lo que indica que se excluirá al Servicio Penitenciario de esa función. No podrán ser confinados en lugares donde se desempeñen fuerzas de seguridad o haya mayores detenidos. En su articulado menciona que una vez detenido, deberá comparecer en un máximo de 24 horas al juzgado y que tendrá “derecho a ser escuchado” en cualquier etapa del proceso y conservará su “privacidad” y la de su familia en todo el proceso, lo que asegura anonimato en el trámite. Ninguna actuación será de acceso público y todos los datos serán de acceso restringido, sin excepción para impedir su identificación, bajo impedimento legal.

Son diferentes las sanciones privativas de libertad: domiciliaria, durante el fin de semana, en centro abierto, centro especializado de detención.