Un grupo de economistas encabezado por la diputada kirchenerista Fernanda Vallejos presentaron este viernes una denuncia penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 contra Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y Marcos Peña por el Acuerdo Stand-By firmado con el FMI.

De acuerdo a la denuncia presentada en el juzgado de Sebastián Casanello, el nuevo acuerdo constituye un hecho de "administración fraudulenta de la administración pública, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad" porque la autorización a vender divisas del Tesoro para contener el tipo de cambio apunta a sostener la fuga de divisas y compromete económicamente a la próxima gestión, contra el espíritu constitucional. El documento subraya asimismo que esta medida pone al país en riesgo de cesación de pagos por el tamaño de la deuda pública generada.

La presentación fue esta mañana y contó con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, quien formuló la demanda. Allí, sostuvo que el convenio con las autoridades del FMI "no fue sometido a la aprobación del Poder Legislativo de la Nación, tal como taxativamente lo dispone el art. 75, inc. 22º de la C.N".

"El acuerdo celebrado con el FMI violenta las propias reglas de actuación y celebración de acuerdos de ayuda financiera del FMI, tema que inviste gravedad institucional, toda vez que cuando un país obtiene un crédito superior a su capacidad de repago, conforme el plan de amortizaciones acordado con la entidad, sin la previa intervención del Congreso de la Nación, que declare su aprobación o deseche, esa autoridad monetaria se convierte en partícipe necesario", asegura la presentación judicial.

Los denunciantes entienden que la omisión del Congreso a la hora de la firma del acuerdo es ilegal porque violenta "el texto claro y de sentido unívoco de la C.N., así como de las reglas de procedimiento interno del FMI, en particular su Artículo VI, Transferencias de Capital, se incurre en obrar previsiblemente delictivo, cuyo conocimiento y decisión (art. 116, C.N.), compete a la autoridad jurisdiccional argentina (art. 1º, C. Penal)".

En el plano económico, la demanda contra el Poder Ejecutivo se sustenta en un informe que elaboró Proyecto Económico, el equipo de economistas que conduce Vallejos, señala que el convenio financiero viola el acuerdo constitutivo del FMI; y remarca que el personal técnico del FMI había advertido que el alcance del acuerdo excede la capacidad de repago del país.

Puntualmente, respecto del permiso que le otorgó el FMI al país para subastar a partir del 15 de abril 60 millones de dólares diarios (9.600 millones hasta fin de año), los denunciantes afirman que serán utilizados para llevar a cabo política cambiaria para financiar la fuga de capitales en los próximos meses previos a las elecciones. En este sentido, "el desvío de poder incurrido por el PEN, con la participación necesaria y consciente de las autoridades del FMI, pone en peligro a la Nación Argentina, al bienestar de su pueblo y a su soberanía política", aseguran.

"A ello conduce la anticipación de los desembolsos pactados con el FMI -continúa-, anticipación que tiene como correlato que será el próximo Gobierno el que tendrá que afrontar los compromisos de pago, fijados acordados por el actual, por fuera del marco de habilitación constitucional".

La presentación de la demanda fue firmada por los economistas José Salvador Cárcamo, Horacio Rovelli, Genaro Grasso, Estanislao Malic, Martín Carro, Federico Vaccarezza, Pablo Pereira, Carlos Pafundo, Sergio Chouza, Alejandro Torres, Lionel Stiglitz, Juan Enrique, Roberto Rojas, Rubén Seijo; Guillermo Wierzba, economista y ex titular del Cefid-Ar; el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Gustavo Lugones; el periodista especialista economía, Mariano Beristain; y Alejandro Rofman, referente del Plan Fénix e investigador del Conicet.