La tensión en el sector energético por el congelamiento de combustibles se tornó insostenible y el Gobierno está analizando ponerle fin a la medida a pesar de haber transcurrido solamente un mes de los tres que estaban proyectados.

La decisión todavía no fue confirmada formalmente, pero fuentes oficiales aseguraron a LPO que se está debatiendo dado que los últimos sucesos "modificaron varios temas".

"La prioridad es mantener los puestos de trabajo, garantizar las inversiones en los sectores hidrocarburíferos, respetar los contratos y la seguridad jurídica, y asegurar el abastecimiento y producción energética que es vital para el desarrollo", agregaron a este medio.

Tal como reflejan las declaraciones, el cambio de rumbo se vio precipitado por el riesgo de desabastecimiento que había anticipado LPO en exclusiva hace varias semanas y que se terminó profundizando estos últimos días ante la disparada del barril de crudo a nivel internacional.

El martes, el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines, Gabriel Bornoroni, denunció que miles de estaciones se encontraban desabastecidas desde hace cuatro días, especialmente en pueblos del interior, donde brindan servicios sociales para ambulancias, policía y bomberos.

Ante esta situación, muchas compañías frenaron las entregas de combustible a la espera de conocer la cifra exacta del aumento concedido, que rondaría el 4%, en línea con la inflación de agosto.

La intención de Macri era utilizar esta ancla para amortiguar los efectos de la última devaluación y tratar de mantenerse competitivo de cara a las elecciones de octubre, pero el grado de conflictividad en todos los actores del sector fue escalando día tras día.

Las primeras en reaccionar fueron las productoras no integradas, que anunciaron inmediatamente un recorte en las inversiones y una baja de equipos de perforación por el diferencial de precio con el Brent.

Pero rápidamente la crisis se propagó al resto de las firmas, a las estaciones de servicio, a las provincias petroleras que iniciaron una serie de acciones judiciales contra la Nación y a las productoras de bioetanol que llegaron a denunciar penalmente al secretario de Energía Gustavo Lopetegui.

A su vez, el poderoso sindicato de Guillermo Pereyra se había declarado en "estado de alerta y movilización" por las mil suspensiones ocasionadas, mientras que el gremio que engloba a los trabajadores de las refinerías había anunciado un paro para este viernes.