Durante la tarde de éste domingo circuló un Decreto Provincial firmado por la Ministra de Salud de Tierra del Fuego, Dra. Judit Di Giglio en la que resolvía que en el marco de las excepciones dispuestas “se encuentra excluido el transporte, distribución y venta de bebidas alcohólicas en todo el Territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.

En ese sentido, el Decreto N° 311/2020 obligaba a “los comercios que se encuentran exceptuados de la obligación de cierre con venta al público, retirarlos de exhibición”.

Posteriormente, personal policial de las distintas comisarías acudieron a los locales –tanto supermercados como negocios de barrio- a notificar de la medida presuntamente adoptada por el Gobierno Provincial, cerrando al público la venta de bebidas alcohólicas, por no ser un alimento de primera necesidad.

No obstante ello, es decir, la orden dispuesta y el cumplimiento de la misma, en horas de la mañana de este lunes, el Gobierno de Tierra del Fuego envió a los medios de comunicación una gacetilla de prensa mediante la cual se desmiente tal resolución, aclarando que no existen restricciones para la venta de alcohol y que se continúan controlando los precios.

Es decir: no es que dieron marcha atrás, sino que aseguraron implícitamente que se trató de una Fake News.

Ahora bien, más allá de que en el seno mismo del Gobierno exista personal que filtra decretos firmados por Ministros y que los mismos lleguen a los medios de comunicación a fin de que se informe rápidamente a la sociedad, lo cierto es que personal policial fue a los comercios a notificar la resolución presuntamente dispuesta.

Entonces, ¿quién está en un error? ¿La policía de Tierra del Fuego realiza actas legales y formales de notificación por información que lee en medios de comunicación sin esperar una orden oficial?

Imaginamos que todo esto se trata de un mal entendido y que el Gobierno Provincial con Gustavo Melella a la cabeza no está intentando hacerse el distraído y culpando a la policía de este desorden administrativo que ellos tienen, más aún teniendo en consideración la postura negativa de la sociedad ante tal decisión.

Porque, además, demasiada es la labor que pesa sobre los agentes y oficiales de la Policía Provincial como para que, encima, se les otorgue la responsabilidad de actuar sin una orden oficial de parte de sus superiores, dejándolos además atados a una posible responsabilidad administrativa en sus puestos de trabajo.

La situación resulta tan bochornosa a la escala de que el propio Melella tuvo que salir a desmentir la resolución y, asimismo, reconoció que desde su propia administración se filtró información. Todavía no hubo comunicaciones oficiales de las cartas a tomar en el asunto, ni de renuncia alguna.