Cristina Fernández de Kirchner abrió este lunes 8 de junio la ronda de afectados en el caso de espionaje ilegal que la Justicia Federal de Lomas de Zamora investiga desde febrero pasado. Allí, según relató su abogado Carlos Beraldi, les mostraron "18 episodios" de seguimiento hacia la vicepresidenta, quien reaccionó a "carcajadas".

Según relató el letrado, el espionaje ilegal hacia la exmandataria se basaban en "sus movimientos, sus actos políticos y con quiénes se reunía". En ese sentido, describió que en el Juzgado se encontraron con "la descripción precisa de una grupo de tareas de forma clandestina" que tenía vínculos con la Policía bonaerense, de la Ciudad y Aeroportuaria. 

"Nos mostraron 18 episodios de seguimiento hacia Cristina", contó en diálogo con FutuRock que, según analizó, "se utilizaban para fabricar fake news, como episodios de lavado de dinero, de operaciones de negocios en un restaurante que produjo una carcajada cuando le relataban todo. Hablaban de un restaurante donde supuestamente ella tenía dinero".

Beraldi relató también que "encontramos pruebas de los vínculos entre periodistas y los servicios de inteligencia para blanquear información que era ilegal. Esto que vimos ayer es la punta del ovillo de la trama espionaje y servicios de inteligencia", y agregó: "Estas maniobras de inteligencia ilegal no se pudieron llevar a cabo sin la complicidad de jueces y fiscales".

"Los servicios de inteligencia referían que le iban a pasar información a un tal 'pirincho' de América TV. También deberían sonar las cacerolas para pedir que no haya más espionaje ilegal y que los responsables paguen", concluyó.

Este lunes la vicepresidenta estuvo en el juzgado más de 2 horas y media. Llegó a las 13:50, junto a su abogado y se retiró alrededor de las 16:30. Durante ese lapso conoció todo las tareas que se realizaron sobre ella en la anterior gestión. Luego de ver el material, la vicepresidenta analiza la posibilidad de presentarse como querellante en la causa.

La hipótesis de la Justicia es la de que, en los últimos años, funcionó una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).