El día de ayer circularon en redes sociales documentos que revelaban la concesión de una casa del IPV a la Ministra Castillo. Hubo numerosos medios de comunicación que publicaron dicha documentación y cuestionaron que se conceda esta casa -aún cuando fuere vivienda de servicio- a una funcionaria que, según publicaron algunos de estos medios, ha cobrado desarraigo, y sobre todo cuando hay miles de familias esperando una solución habitacional.

Desde el Gobierno Provincial se emitió un comunicado oficial en el que asegura que las viviendas no son para uso personal y que “se informa que a través del área de Legal y Técnica se estarán iniciando acciones legales a los medios de comunicación que maliciosamente se encargaron de difundir esta noticia falsa, con el solo propósito de generar malestar en la comunidad, propiciando una situación hostil”.

Llamó la atención el tono de la comunicación, que va en línea con las declaraciones del fundador del Partido de la Concertación FORJA, Gustavo López, que ha hablado públicamente de la doctrina de la “real malicia”, desde la que criticaba con fervor a portales de noticias que buscan “desgastar al gobernante”, y que la publicación de falsedades a sabiendas -sin explicar cuál es su criterio para ello- “no está protegido por el derecho a la información. El castigo al periodista que da una noticia que no es cierta se eliminó en el gobierno de Cristina, salvo que la publique a sabiendas de que no es cierta, y eso sí debe ser castigado”. López había dicho incluso que "Los jueces deberían estar cerrando esos portales, porque no están protegidos ni por la Constitución, ni por el Pacto de San José de Costa Rica, y generan alarma en la población". Desde el ENACOM, luego hubo una absoluta desmentida sobre la intención de regular portales, con lo cual López quedó totalmente desautorizado y quedó en evidencia que era la solitaria intención o pensamiento de este funcionario, de acuerdo a sus públicos dichos sobre los portales.

Aunque quizás no tan solitaria, si se cuentan las acciones que comenzó a emprender el Gobierno de Tierra del Fuego contra los medios. Por lo pronto, desde La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, ya quedó clara la postura cuando en mayo de este año comunicó que “Ante menciones y desmentidas públicas respecto de eventuales regulaciones sobre portales digitales, ADEPA recuerda que la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son claros”, y que "Cualquier intento de regular 'ex ante' la difusión de contenidos periodísticos o de establecer una instancia administrativa para determinar su supuesta veracidad o exactitud sería asimilable a una censura previa. Los portales de noticias son, además, equiparables a la prensa escrita, en tanto no requieren autorización ni licencia estatal alguna para funcionar ni pueden estar sometidos a regulación de contenidos"