En el encuentro, Mónica Churquina, Susana Caimapo y Lihuen Pavisich, entre otros referentes de los trabajadores, reclamaron el tratamiento del asunto asumiendo el compromiso de revisar algunos puntos y lograr un proyecto definitivo a través de la unificación con otro proyecto preexistente, para que “pueda ser aprobado antes de fin de año”.

En el uso de la palabra, los trabajadores  subrayaron que “somos más de 500 familias” donde en muchos casos "somos el único sostén económico” y hoy se encuentran en la informalidad. Por este tema, compartieron que en términos impositivos “aportamos con nuestros impuestos” y que sólo resta reconocer la actividad para ser incorporados al cuadro tarifario municipal, para poder tributar.

“Nos apura el tiempo, porque al estar en forma irregular no podemos enfrentar inspecciones municipales”, alertaron, y remarcaron entre otras necesidades que “al no tener la habilitación de una actividad económica, se nos dificulta conseguir espacios de alquiler” para desarrollar las ferias.

“Es una actividad económica básica, solidaria, social y familiar”, explicaron, y expusieron que “lo que se está vulnerando, es un grupo muy grande de mujeres; la violencia económica es una de las principales ataduras para no irse de la casa frente casos de violencia de género”. “Es necesaria esta independencia económica en ese sentido”, puntualizaron. 

El presidente de la comisión, concejal Gabriel de La Vega, reconoció el compromiso que existía con los feriantes para analizar su proyecto, y abogó por la necesidad de darle tratamiento antes de fin de año, por lo que adelantó que seguirá bajo análisis con la incorporación del aporte de otros actores.