La baja de la edad de imputabilidad es uno de los temas que suena esta semana. Tal vez la estrategia comunicacional de la administración macrista sea poner en agenda esa discusión para no hablar del 47% de inflación con que cerró 2018, o los indicadores de pobreza, o la caída libre de la capacidad instalada de la industria, o cualquier indicador oficial que evidencia los síntomas de una contracción en la economía real. Es imposible saberlo.

Lo cierto es que el debate está arriba de la mesa y -por suerte- despertó el rechazo de más un sector en la sociedad. Uno de los actores que se expidió sobre el tema fue el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina a través de un comunicado, expresando su “enérgica oposición a cualquier proyecto que implique disminuir la edad de punibilidad de los/as niños/as y adolescentes”.

En Tierra del Fuego AIAS, el Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Gustavo Ariznabarreta sentenció en declaraciones a FM Centro que discutir la edad de punibilidad de los jóvenes “en este momento es netamente electoralista”, se trata nada más ni nada menos que de demagogia punitivista y consideró que “el problema que tenemos es que compramos como sociedad soluciones mágicas del derecho penal” cuando los problemas de inseguridad poco -o casi nada- tienen que ver con los jóvenes. En ese sentido el letrado aclaró “menos del 1% de los crímenes aberrantes o graves que se cometen en el país son responsabilidad de personas menores a 18 años”.

La distorsión en cuanto a cómo percibe la sociedad la criminalidad se debe en parte a los medios de comunicación. Ariznabarreta ejemplificó: “un caso que a veces trasciende un medio masivo periodístico es que un joven de 17 años mató a puñaladas a un viejito y esto ha pasado, eso es gravísimo, pero mientras tanto en el país 25 mayores de edad han hecho lo mismo” de esta manera se crea una falsa realidad criminal.

La Organización de las Naciones Unidas exhortó al Estado nacional argentino a tratar un sistema penal juvenil, básicamente, no regresivo y dónde no se considere la reducción de la edad de responsabilidad penal. En ese marco vale la pena recordar que el sistema actual data de 1978, plena dictadura militar, y fue previo a la firma de los tratados internacionales de protección de los derechos de la niñez.

El Defensor ante el STJ coincidió en la necesidad de modificar la normativa vigente, pero evaluó que “el problema del derecho penal juvenil es que cuando se habla de derecho penal juvenil, lo hacen criminólogos o abogados penalistas, porque los que tienen que hablar son especialistas psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales”, ya que estamos hablando del resultado de la conducta penal como emergente de diferentes variables que no se trabajaron con anterioridad.

Es importante hacer la distinción entre “imputabilidad y “punibilidad”. La primera “es la capacidad que tengo yo como persona, como sujeto de derecho, de conducirme conforme a la ley” y esa decisión se basa en “una escala de valores que son sociales culturales personales”, explicó Ariznabarreta. Por otro lado, la punibilidad es “la capacidad que tiene el sistema penal para ponerme preso o darme una sanción privativa de la libertad”. La segunda opción -siempre- debe ser última ratio.