Dachary señaló que estamos frente a “una segunda oleada de intento de fortalecer las capacidades logísticas en Malvinas por parte de los británicos, obviamente con miras a tener mayor capacidad operativa en la explotación de hidrocarburos, en la pesca".

El secretario recordó un precedente similar hace dos años con una empresa de capitales anglo-holandeses, que fue detenido por preocupaciones ambientales y que fue objeto de una acción legal de la provincia. Dachary comentó que aquello “fue algo inédito, algo histórico, porque era la primera vez en la historia que se recurría a la normativa de nuestra provincia para desalentar el saqueo de nuestros recursos naturales".

Ante la nueva amenaza, la provincia seguirá una estrategia similar, buscando intimar a la empresa constructora para que se ajuste a las leyes provinciales. Dachary anunció: "Vamos a avanzar en una intimación a la empresa para que regularice, como si estuviese avanzando con este proyecto en cualquier otra parte de nuestra provincia. En el caso de que no responda, o la respuesta no sea satisfactoria, la Ley prevé 90 días hábiles de plazo perentorio, se avanzará con el proceso ya de judicialización".

Además, se está investigando a todos los proveedores y clientes asociados con el proyecto para también notificarles sobre el litigio pendiente: "Estamos rastreando con todos los equipos, toda la cadena de proveedores y de clientes, con todas las empresas en distintas partes del mundo que están asociadas a quienes van a llevar adelante este proyecto".

El secretario reconoció la dificultad de obtener cooperación debido al cuestionable posicionamiento del nuevo gobierno nacional sobre la cuestión Malvinas. Sin embargo, destacó la importancia de atacar la reputación de las empresas involucradas, lo que podría ser un incentivo para su cumplimiento con las leyes.

La provincia busca mantener una comunicación coherente en la defensa de sus recursos naturales y su soberanía nacional, buscando apoyo internacional a través de canales establecidos por la Convención de La Haya. Dachary afirmó: "Es difícil encontrar una comunicación coherente del todo en torno al desafío de nuestros recursos naturales, nuestra jurisdicción fueguina, nuestra soberanía nacional y la construcción de apoyos en el ámbito internacional".

Aunque un resultado final positivo es claramente improbable, la provincia está decidida a tomar medidas para proteger sus intereses y evitar cualquier operación ilegal en su territorio.