Tras anunciar el fin de los convenios con distintas universidades que proveen empleados a la administración pública desde el 1 de enero del próximo año, el Gobierno nacional busca "la vuelta" para evitar que casi 6.000 personas queden desempleadas de un día para otro.

Es que, debido a un decreto publicado hace dos semanas, aquellos contratados por vía tercerizadas a través de universidades tampoco podrán ser incorporados a la planta estatal (ya sea temporal o estable). Ello implicaría la perspectiva de un cese masivo en los ministerios y administración nacional.

Por ese motivo, a través del Decreto 641/2018, modificó el régimen de contrataciones de la Administración Nacional y decidió que los contratos con las Universidades Nacionales sean efectuados mediante la modalidad de contratación directa y limitados a ciertas cuestiones.

A través de esa norma se hace una excepción a la forma de contratación a través de licitación pública, "con el objetivo de reconocer la necesaria articulación entre el Estado y las Instituciones Educativas".

De esta forma, solo podrá contratarse el servicio siempre y cuando se trate de transferencia de conocimiento, tecnología e innovación producida en el seno de las entidades educativas públicas y limitadas a los servicios de consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación vinculadas con las funciones de ambas partes.

En otras palabras, se encontró un resquicio para poder justificar la continuidad de funcionarios bajo contrato con universidades en algunos casos específicos.

Para el Gobierno, era necesario "adoptar medidas administrativas para un mejor acceso a la información, control y resguardo de los diversos instrumentos convencionales celebrados por las Jurisdicciones y organismos del Estado Nacional con las Universidades Nacionales, permitiendo de tal forma la máxima transparencia en relación a dichos actos de gobierno".

El decreto hace hincapié en que se debe asegurar la pertinencia de la utilización de este procedimiento porque "en sentido contrario al espíritu de esta modalidad de contratación directa se ha dado lugar a diversos convenios de prestación de servicios y/o de obras bajo distintas modalidades que en ocasiones han desvirtuado los objetivos iniciales de los mismos".

De esta forma, se excluyeron los convenios de asistencia técnica y de adquisición de bienes de uso o de consumo.

Se indica además que "las partes, como responsables primarios de la contratación, deberán arbitrar los medios necesarios para que queden debidamente documentados tanto el cumplimento del objeto de la misma como las rendiciones de cuentas que contemplen el origen y la aplicación de fondos".

En este sentido, el decreto impone controles más estrictos al sumar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como organismo que podrá auditar el proceso y ejecución de los fondos transferidos.

Además, entre otras cuestiones, el Estado busca evitar un incremento en la litigiosidad en los juzgados del trabajo y un riesgo económico a futuro para las arcas públicas.

Es que si los empleados contratados a través de las mencionadas instituciones educativas para prestar servicios en la administración pública deciden realizar un juicio por empleo no registrado y logran demostrar que existió una relación laboral encubierta, el monto de las indemnizaciones puede terminar siendo cuantioso.

Para evitar estos reclamos, el decreto indica que estará prohibida la cesión, tercerización o subcontratación del objeto del convenio a un tercero por parte de esas instituciones educativas.

Sucede que el Gobierno anunció que no habrá ingresos de personal al Estado Nacional durante 24 meses bajo ningún tipo de modalidad, y que los convenios por asistencia técnica con universidades nacionales quedarán sin efecto a partir del 31 diciembre y ya no podrá utilizarse esta forma para proveer servicios personales.

Un régimen bajo cuestionamiento
Las universidades están analizando el impacto de esta decisión, que en muchos casos implicaba un alto porcentaje de su financiamiento. De todas maneras, las fuentes gubernamentales consultadas por iProfesional explicaron que la mayoría de los dependientes continuará prestando servicios en la administración pública, pero con un vínculo distinto.

Podría llegar a ser como una contratación eventual en el que el estudiante sea "empleado" de la universidad y esta actué como proveedora de trabajadores eventuales o por determinado proyecto con plazo definido de duración.

A pesar de los cuestionamientos que se le hacían hacia afuera, el macrismo continuó utilizando ese tipo de vinculación, aunque en menor medida. Hay un recorte que se viene realizando desde el comienzo de la administración de Cambiemos.

Se estima que el 10 de diciembre de 2015, había más de 15.000 contratados por esta modalidad. Poco tiempo después, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, decidió llevar a cabo una primera reducción, lo que bajó ese número a 10.000.

A través del decreto 336/2016, que ahora fue derogado, se dispuso la creación de un registro donde quedaran documentados los nuevos entendimientos, en el marco de la política de revisión de contratos.

En la actualidad, se estima que hay cerca de 7.000 personas que se desempeñan en el Estado a través de estos vínculos. Hay que remarcar que técnicamente no son empleados públicos sino que están contratados a través de una entidad educativa, que en los papeles figura como su empleadora.

Este tipo de vínculos se encuentra bajo investigación. La semana pasada la Oficina Anticorrupción (OA) denunció penalmente al exjefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, por la presunta comisión de delito a raíz de la celebración de uno de esos acuerdos con la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) para reconvertir a "un modelo sustentable" la producción de ladrillos de adobe en la región del Noreste Argentino (NEA), entre otros objetivos.

Asimismo, la Justicia analiza el financiamiento vía la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) para la producción de dos telenovelas y los contratos triangulados con casas de estudios para hacer stands en Tecnópolis, sin licitación.