A último momento, el Gobierno logró evitar la etiqueta de "crisis" en la situación que envolvió a Coca-Cola Femsa con sus empleados. Finalmente, nunca se abrió el proceso preventivo de crisis (PPC), pero eso no evitó un plan de despidos: fueron 32 con pago de indemnizaciones al 100%. El Ministerio de Producción y Trabajo afirmó que la compañía buscaba desvincular a 75 trabajadores.

Más allá de ese caso en particular, según datos proporcionados por el mismo gobierno, en los dos primeros meses del año se presentaron 21 pedidos de PPC. Por ahora todos se encuentran en trámite, ya sea en estudio previo a ser abiertos o con audiencias por delante. Si se mantuviera el ritmo y esa cifra se anualizara, el año podría terminar con unos 126 casos. Se trata de una cifra levemente inferior a la cantidad de procesos que se presentaron en 2018, un año marcado por la crisis. 

Según el Ministerio de Producción y Trabajo, los pedidos de PPC presentados el año pasado fueron 146. Aquellos que todavía se encuentran abiertos, con audiencias u observados con solicitudes de mayor documentación son 107. Esto significa que solo entre 2018 y 2019, aún quedan 128 PPC abiertos.

"En todos los pedidos de PPC presentados, la Secretaría de Trabajo impulsa un espacio de diálogo y de negociación entre el sindicato y la empresa y realiza audiencias con ambas partes antes de cualquier tipo de medida por parte de la compañía", afirmaron cerca del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. "En este espacio conjunto se analiza el estado de situación de la empresa, se estudian las alternativas existentes y la posibilidad de poner a disposición las herramientas del ministerio, buscando encauzar la situación estructural de la empresa", agregaron en esa cartera.

En las últimas semanas, además de Coca-Cola Femsa, se sumaron a la lista de PPC algunas otras empresas: Fate, Editorial Atlántida y Avianca, entre otras. El año pasado, el caso testigo fue Carrefour.

Para los especialistas, el PPC es fundamentalmente un amortiguador o un colchón que abre una empresa cuando prevé realizar despidos colectivos. Las pymes, contaron a la nacion los expertos consultados, evitan ingresar en este tipo de procesos en los que deben negociar con sindicatos (más grandes que ellas) y apuntan a achicar su estructura a través de despidos por goteo.

No cualquier empresa puede presentarse a un PPC. Solo aquellas que piensan despedir o suspender al menos a un 15% de su dotación de 400 trabajadores; al 10% en aquellas de entre 400 y 1000 empleados, o al 5% en más de 1000 trabajadores. "La idea es encontrar un espacio de negociación para evitar despidos masivos", explicó el abogado laboralista Ricardo Foglia a la nacion.

"Un PPC abre las posibilidades para hacer un convenio colectivo de crisis en el que se negocian condiciones laborales que sirvan para paliar la situación y evitar despidos. En ese sentido, pueden charlarse jornadas de trabajo, categorías, salarios, reducción de turnos, rotación, relocalización o vacaciones", contó Foglia, entre las fórmulas posibles.

¿Permite el PPC despidos pagando el 50% de la indemnización? No automáticamente. Si la empresa y el sindicato llegan a un acuerdo puede haber retiros voluntarios con un porcentaje específico de la indemnización. En cambio, es el artículo 247° de la ley de contrato de trabajo el que permite el pago del 50% de indemnización por "causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada". Este último puede darse, pero caído el PPC, y como es "no imputable al empleador" y debe ser corroborado, generalmente el trabajador logra el 100% de indemnización en la Justicia. "Es incompatible con el riesgo empresario que asume el empleador", explicó otro abogado.

Por caso, el año pasado el Sindicato de Comercio y Carrefour llegaron a un acuerdo homologado por el entonces ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Habilitaba retiros voluntarios y relocalización de trabajadores. Además, se rebajaban las contribuciones laborales sobre el aumento salarial del 15% pactado para los empleados (una muy significativa reducción del costo laboral).

El convenio de crisis en general es pactado por un tiempo determinado. Si el PPC no logra un acuerdo entre las partes se cierra el expediente y se abre la posibilidad a la empresa de despedir. Allí el Gobierno puede dictar la conciliación obligatoria -si existe conflicto- para abrir otra instancia de diálogo entre las partes.

Durante el período de negociación del PPC, que se extiende como mínimo veinte días hábiles, las empresas no pueden despedir ni suspender y el sindicato debe mantener la paz social (no tomar medidas de fuerza o impulsar protestas). En la actualidad, los despidos colectivos y las suspensiones se encuentran regulados por la ley de empleo -24.013- y los decretos y las resoluciones complementarios.