El Gobierno oficializó el decreto que establece el pago de un bono de $5.000 para los trabajadores del sector privado acordado con los gremios y las cámaras empresariales que será a cuenta de futuras paritarias, aunque deja la puerta abierta a que se pague en cuotas.

El decreto establece el pago excepcional de $5.000 como adelanto a cuenta de futuras paritarias, con el objetivo de paliar el efecto de la crisis desatada luego de la devaluación posterior a las elecciones primarias. El texto asegura que “son de público conocimiento los recientes acontecimientos económico-financieros desencadenados y la incertidumbre generada en el marco del proceso eleccionario en curso”. Ayer uno de los jefes de la CGT, Héctor Daer, exigió que las empresas lo paguen en un solo pago.

La letra chica del bono era muy esperada, ya que los grandes empresarios y las PyMES advirtieron las complicaciones para hacerle frente al pago del plus para los trabajadores. El decreto señala que “se abonará en el mes de octubre o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva”.

“Ante el impacto socio-económico producido por dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones que han sido considerados por las partes colectivas al momento de celebrar los citados acuerdos”, asegura el decreto.

El bono sólo será para los trabajadores del sector privado y no incluye a ningún empleado del sector público, ni de la administración nacional, ni provincial, municipal ni de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de quienes trabajen menos de la jornada legal o convencional, el bono será proporcional. En todos los casos, el pago del plus será compensado de las próximas revisiones paritarias.

“Resulta procedente establecer una asignación no remunerativa para los trabajadores del sector privado, dejándose constancia que ello no implica un afectación del derecho constitucional de negociación colectiva, el cual mantiene plena vigencia con los niveles y alcances que determinen las partes en cada caso”, agrega.