Funcionarios, parlamentarios, sindicalistas, dirigentes políticos y sociales expresaron su apoyo a la decisión de intervenir el Grupo Vicentin anunciada por el presidente Alberto Fernández. “Acompañamos este proceso en resguardo de los intereses de todos los santafesinos”, destacó el gobernador Omar Perotti. La decisión “repara una situación heredada del gobierno anterior”, afirmó el diputado Hugo Yasky.

Desde las organizaciones sociales consideraron que es una medida “histórica” para regular las exportaciones de alimentos, generar trabajo y beneficiar a las economías regionales. En las antípodas, la titular del Pro, Patricia Bullrich, la calificó como “un verdadero abuso de poder”.

Perotti explicitó su apoyo al plan de expropiación del grupo “por lo que significa” esa firma para su provincia y por “la preocupación que ha generado en muchísimos productores que son acreedores”. “Hay que resguardar no solamente ese esquema de productores que necesitan cobrar, acopiadores, sino una red muy importante de intereses concretos y genuinos de los santafesinos que tienen que cobrar”, añadió. El mandatario abogó porque la medida “acompañe el resguardo de esta empresa para que no la perdamos los argentinos y siga siendo parte de un sector que es estratégico”.

La intervención “repara una situación heredada del gobierno anterior, de los ricos para los ricos, en la que el principal aportante de la campaña que llevó a Mauricio Macri a la presidencia se benefició con créditos otorgados por el gobierno anterior, utilizados en maniobras especulativas y para eludir impuestos”, apuntó Yasky. “Es una medida importante para Santa Fe”, consideró el diputado de esa provincia Marcos Cleri, al destacar que otorga “previsibilidad a proveedores y productores” además de “garantizar las fuentes laborales”.

El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, de Consenso Federal, advirtió por su parte que “hay que tener cuidado con la litigiosidad que puede traer al Estado, dado que Glencore (la firma suiza asociada a Vicentín) es socio de algunos campeones globales de litigiosidad”. “Ya hubo una experiencia similar con la estatización de YPF y no debería repetirse”, añadió.

Desde el mundo sindical, el titular de Uatre, Ramón Ayala, dijo que la decisión “es correcta” dada la situación financiera de la cerealera y el riesgo que corren “más de 4.000 trabajadores”. Daniel Yofra, de la federación de aceiteros, expresó que “es un alivio para los trabajadores” porque “se venía avizorando que Vicentin no quería cumplir con el último convenio paritario”, aunque fue cauto sobre el futuro porque sospecha que la empresa buscará artilugios para frustrar su paso a manos estatales. “Hay que ver que pasa, de estos títulos ya estamos cansados”, dijo a InfoGremiales.

El director de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, destacó que con esta decisión “el Estado puede ganar una posición estratégica en el comercio exterior de granos y en los puertos, algo que no ocurría desde 1973”. “Se podrá controlar cerca del 10 por ciento de la exportación con una empresa pública testigo”, añadió el dirigente del Movimiento Popular La Dignidad. El diputado Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, la consideró una “medida histórica por su magnitud y la importancia de la empresa”.

La cerealera “no solo estafó a los bancos estatales sino también a miles de productores, y puso en riesgo miles de puestos de trabajo”, destacó. Gastón Harispe, diputado del Parlasur, la consideró una medida “esperada, necesaria, oportuna, porque la Argentina a través del Estado entra al negocio de la exportación de cereales con un instrumento muy importante que regulará el mercado y hará que nuestro productos favorezcan el desarrollo de todas las economías regionales, del mercado interno y del comercio exterior”, añadió el secretario del Movimiento Octubre.

El dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Angel “Lito” Borello, afirmó que Vicentin “en manos del Estado será una herramienta de carácter estratégico hacia el desarrollo económico y el ejercicio de la soberanía”. El subsecretario de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local, Daniel Menéndez, remarcó que “así como la recuperación de YPF fue un gran triunfo para la soberanía nacional, también lo es esta expropiación para poder intervenir y ser parte del entramado agroindustrial”.

“Nos ayudará a garantizar la alimentación a un bajo costo para todos los argentinos”, completó el coordinador de Barrios de Pie-Somos. Para el secretario de la Federación de Tierras y Vivienda y presidente de Miles, Luis D´Elía, “es la mejor medida que se haya tomado para el sector agropecuario en los últimos 50 años”.

Desde la oposición, la ex ministra Patricia Bullrich señaló que “ahora la deuda de Vicentin es de todos los argentinos”. La intervención implica “un verdadero abuso de poder”, dijo la dirigente del Pro, que invocó la Constitución Nacional para afirmar que “lo privado es privado” (sic). A sus críticas se sumó el ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien dijo que “hay que salvar a las pymes y no socializar un problema de una empresa: si sobra un peso, hay que usarlo para las pymes”. El ex senador Eduardo Duhalde intentó situarse en un punto medio al considerar “loable el propósito del Gobierno” y al mismo tiempo criticarlo porque su decisión se concretó en “forma abrupta” y eso generaría “un conflicto innecesario con el campo”.