Se cumplió este mediodía con la audiencia pública que fue convocada por el Superior Tribunal de Justicia en la que escuchó alegatos del gobierno de la provincia y de las Municipalidades de Ushuaia y Río Grande, cada una defendiendo íntegramente su posición: El gobierno negando la existencia de deuda exigible y los Municipios ratificando atrasos en la remisión de fondos, de entre 30 y 45 días.

La audiencia fue presidida por el juez Javier Muchnik y contó con la presencia de los vocales María del Carmen Battaini y Ernesto Löffler. En tanto que el juez Carlos Gonzalo Sagastume la siguió por vía remota. Los primeros en exponer fueron los representantes del Municipio de Río Grande que establecieron en 500 millones de pesos la deuda por fondos coparticipables. El doctor Gastón Díaz, secretario de Gobierno, solicitó que se realice una pericia, como mecanismo para dilucidar quien está en lo cierto respecto a la controversia surgida.

Además, el Dr. Díaz planteó que la demora en la remisión de la coparticipación perturba las actividades normales del Municipio, poniendo como ejemplo que en abril hubo riesgo de poder pagar los salarios y que recién el último día hábil de ese mes tuvieron acreditados 170 millones de pesos, lo que permitió abonar los sueldos, representando esa cifra el 40% de la coparticipación que se recibe mensualmente.

Por el Municipio de Ushuaia, el asesor letrado solicitó que se intime al gobierno a cumplir con la resolución del Ministerio de Economía 655/09, que fue homologada por el Superior Tribunal de Justicia, entendiendo que se trata de un fallo judicial que debe ser cumplido y, solicitó la aplicación de una multa o astreintes, por incumplir la misma.

Respecto a la deuda que reclama Ushuaia, asciende a 454 millones de pesos por coparticipación a lo que se suman otros 204 millones de pesos, aproximadamente de deuda de impuestos y tasas que, si bien no es motivo de la controversia judicial, hace que el reclamo ascienda a los 650 millones de pesos.

Tras los alegatos de las Municipalidades, los Jueces del STJ escucharon a la parte demandada, que fue representada por el ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández y por el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre.

Fernández dijo que el diálogo con los representantes municipales no ha faltado, lo que no se logró es “ponernos de acuerdo” y dijo que el reclamo de los Intendentes “esconde el poder lograr una ley a su favor de distribución y transferencia automática y diaria de recursos nacionales, provinciales y regalías. Entendemos que ese es el objetivo y es eminentemente político, lo que no debería ser judicializable”.

En su alegato, Fernández dijo que existe una “estrategia trazada de manera sistematizada por los Municipios para esmerilar la confianza publica del gobierno provincial” y calificó de “temeraria” la actitud expuesta por la Municipalidad de Ushuaia en esta demanda, recordando que en la gestión anterior se vio beneficiado con transferencia de 700 millones de pesos para realizar eventos públicos y obras públicas.

En la audiencia, también expuso el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, para defender al gobierno provincial, quien expuso que históricamente ese organismo de control ha sostenido que en Tierra del Fuego existe una distribución inequitativa de los recursos que beneficia a las Municipalidades en detrimento del gobierno provincial, subrayando que se debe discutir un nuevo mecanismo, puntualizando que ello es exclusiva responsabilidad de la Legislatura.