El gobierno nacional saldrá al cruce de la decisión de las prestadoras de salud de cobrar un copago del 9 por ciento a los pacientes con prepagas y obras sociales de dirección. Para eso, hoy habrá una reunión en la Superintendencia de Servicios de Salud donde se debatirá cómo intervenir en el caso.

Así lo anunció la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien aclaró que las empresas tiene autonomía para tomar una decisión de ese tipo pero, igualmente, sostuvo que su cartera intentará “minimizar el impacto (de esa medida) en la población”.

El copago

El cobro de un plus fue anunciado en las últimas horas por la Federación de Prestadores de Salud (FAPS), que a través de un comunicado informó que, a partir del primer día del año próximo, los afiliados a prepagas y obras sociales de dirección deberán pagar un copago del 9 por ciento del valor de la prestación que reciban.

Regirá en hospitales, clínicas, sanatorios, geriátricos y demás prestadoras ante la falta de cumplimiento y retrasos en los pagos de las prepagas. Por lo tanto, impactará en los clientes de Cemic, Femedica, Galeno, Medife, Swiss Medical, Medicus, Omint, OSDE y la Obra Social Luis Pasteur.

La postura del Gobierno

El incremento fue tomado de manera unilateral y “no necesita autorización” del Gobierno, aclaró Vizzotti en radio El Destape. “La ley de prepagas establece que pueden cobrar copagos” sin intervención del Estado.

Frente a esta situación, la ministra se comunicó con el titular de la Superintendencia de Salud, Daniel Alejandro López, y programó una reunión para después del mediodía. La idea es “poder abordar este tema” de manera “que este impacto le pegue menos a la población”, aseveró. 

“Lo que estamos tratando de hacer es sentarnos con todos los actores que involucran este aumento del 9 por ciento para minimizar el impacto en la población”, concluyó Vizzotti.